Derecho y Academia

El 24 de diciembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.398 que establece medidas para incentivar la protección de los derechos del consumidor. Este cuerpo legal viene a modificar la ley Nº 19.496, cuyo texto fue refundido el por D.F.L. Nº 3, Ministerio de Economía, de 31 de mayo de 2021, pero también modifica la ley Nº 18.916, Código Aeronáutico, la ley Nº 18.010 y el D.L. 825, de 1974. Las más importantes son las modificaciones a la ley Nº 19.496 y al Código Aeronáutico que establecen derechos para los pasajeros en caso de sobreventa de billetes aéreos o cancelación y retraso se vuelos.

Las modificaciones a la ley Nº 19.496 son muy variadas y hacen que una ley ya compleja de por sí lo sea aún más, porque se agregan artículos como bis, ter y quáter, pero también siguiendo letras mayúsculas: arts. 12 C y 16 C. Quizás de las cosas más importantes está el derecho del consumidor de productos o servicios financieros a recurrir a los tribunales (nueva letra g del art. 3) y la aplicación de los derechos del deudor en las operaciones de crédito de dinero, incluyendo la facultad de prepago contemplados en la ley nº 18.010 (nueva letra h del art. 3). Debe señalarse que se modifica esta ley para reducir del 20% al 10% los pagos anticipados respecto del saldo de la obligación para que se requiera el consentimiento del acreedor.

Se establece que otros derechos consagrados en leyes, reglamentos, y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de los derechos del consumidor (nuevo inc. 3º del art. 3), el derecho a retracto en contratos celebrados por medios electrónicos (letra b del art. 3 bis), protección a los datos personales, con posibilidad de ejercer una acción de interés colectivo (nuevo art. 15 bis), aclaración de que el consumidor puede optar entre la garantía legal, que se eleva de tres a seis meses, y la otorgada por el proveedor (art. 20 frase que se agrega a la letra e); y derecho a conocer la vida útil de los productos durables (para evitar la llamada obsolescencia programada).

Son muchas más las medidas que se disponen en esta ley, pero quisiéramos referirnos a una norma que establece criterios de interpretación de la ley Nº 19.496. Se agrega un art. 2 ter, para disponer que “Las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de  acuerdo con el principio pro consumidor, y, de manera  complementaria, según las reglas contenidas en el párrafo  4° del Título Preliminar del Código Civil”. Junto con ella la misma ley Nº 21.398 incorpora un nuevo art. 16 C, tratándose de contratos de adhesión, para disponer que “Las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor.– Cuando existan cláusulas contradictorias entre sí,  prevalecerá aquella cláusula o parte de ella que sea más favorable al consumidor”.

Ambas normas no estaban en el Mensaje original, y provienen de una indicación del Ejecutivo presentada el 6 de enero de 2020. La primera norma tenía una redacción diferente a la que sería aprobada: “Las normas contenidas en esta ley se interpretarán de acuerdo a las reglas contenidas en el párrafo 4° del Título Preliminar del Código Civil. Para estos efectos, además se considerará la finalidad de protección a los consumidores de la presente ley”. En la Comisión de Economía del Senado se cuestionó que se aludiera a las normas de interpretación del Código Civil ya que el estatuto general de la interpretación de la ley y no correspondería que se hiciera una mención expresa a este propósito. Después de varias propuestas, se acogió la fórmula planteada por la Secretaría de la Comisión, que coincidirá con el texto definitivo: “Las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de acuerdo al principio pro consumidor, y, de manera complementaria, según las reglas contenidas en el párrafo 4° del Título Preliminar del Código Civil” (2º Informe Comisión Economía Senado de 27 de octubre de 2020: véase el informe en Historia de la Ley).

La norma relativa a los contratos de adhesión proviene también de una indicación del Ejecutivo que propuso que el art. 16 C tuviera el siguiente texto: “Las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor. –Cuando existan cláusulas contradictorias entre sí, prevalecerá aquella cláusula o parte de ésta que sea más favorable al consumidor”. Pero a  diferencia de la anterior su texto fue modificado muy levemente por la Comisión de Economía del Senado en su 2º informe, y quedó como “Las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor. – Cuando existan cláusulas contradictorias entre sí, prevalecerá aquella cláusula o parte de ella que sea más favorable al consumidor”. Se observa que se cambió “parte de ésta” por “parte de ella”.

La verdad no parece que haya sido necesario introducir en la ley estos criterios de interpretación, porque primero surge la duda de si antes de la entrada en vigor de esta reforma, la ley podía ser interpretada de otra forma, es decir, a favor del proveedor o si los contratos de adhesión deberían ser interpretados en perjuicio del consumidor. Además, tampoco era necesario porque esa manera de interpretar ya estaba acogida tanto por el SERNAC como por los tribunales, como no podía ser menos ya que se trata de una ley cuya finalidad es la protección de una categoría de personas: los consumidores, ante la asimetría que existe entre ellos y los proveedores.  

El precepto es susceptible de críticas por su redacción ya que señala que las normas contenidas en esta ley se interpretarán “siempre” en favor de los consumidores. ¿Por qué se señala que siempre se interpretarán de esta manera? Además, lo más correcto en castellano es señalar que se deben interpretar “a favor de” los consumidores.

El Diccionario Panhispánico de Dudas señala que “por influjo de la expresión antónima en contra, a veces, especialmente en América, se sustituye la preposición a por en y se dice en favor (de); esta sustitución se ve favorecida por el uso normal de en favor de con el sentido de ‘en beneficio o provecho de’ […] y resulta admisible cuando el complemento con de está explícito […] por el contrario, la sustitución de a por en resulta anómala y es desaconsejable cuando el complemento con de no está explícito […]”.

Se agrega que ello se hará “de acuerdo al principio pro consumidor”, pero justamente es este principio el que se consagra al decir que las normas de la ley deben interpretarse a favor de los consumidores, y no se ve la necesidad de explicitar que ello se hará conforme a un principio pro consumidor. Por otro lado, parece más ajustado al castellano hablar  “de acuerdo con el principio….”.

En todo caso, si uno mira el Código del Trabajo, normativa esencialmente protectora de los derechos de los trabajadores, en ningún precepto dice que se debe interpretar a favor de los trabajadores de acuerdo con el principio pro operario, y no por eso la Dirección del Trabajo y los tribunales laborales dejan de aplicar este principio, a veces con un excesivo favoritismo y parcialidad hacia los trabajadores.

Lo más extraño de la norma es como termina: “y, de manera complementaria, según las reglas contenidas en el párrafo 4° del Título Preliminar del Código Civil”, es decir, según los arts. 19 a 24 del Código Civil. No se entiende por qué se explicita esto que nunca ha sido puesto en duda, a saber que las normas de interpretación del Código Civil se aplican a todas las leyes. Además se señala que esas reglas deben usarse “de manera complementaria”. ¿Qué se quiere decir con esto? Puede tener dos alcances: primero, que sean subsidiarias por lo que si el conflicto interpretativo no se resuelve a través del principio pro consumidor, entonces se podrán aplicar las reglas del Código Civil. En segundo lugar, puede entenderse como que dichas reglas servirán al mismo tiempo que el principio pro consumidor para interpretar las normas de la ley Nº 19.496. Esto último es lo que parece deducirse de la expresión “de manera complementaria”, pero si es así entonces se relativiza el principio pro consumidor ya que no tendrá la última palabra y no será “siempre” el factor con el que se interpretarán las normas de esa ley.

Tampoco era necesario que se introdujera un art. 16 C para establecer que las normas ambiguas o contradictorias de los contratos de adhesión se interpreten a favor del consumidor. Hay que tener en cuenta que los contratos de adhesión son contratos redactados por el proveedor, por lo que se aplicará el criterio contra redactor señalado en el art. 1566 inc. 2º del Código Civil: “las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”

La verdad no vemos la utilidad de explicitar criterios interpretativos en una ley que, por tener una finalidad de protección, es evidente que debe interpretarse conforme a ese fin tutelar, ya que esa será su intención o espíritu conforme a lo que se prevé en el inciso 2º del art. 19 del Código Civil. Menos utilidad tiene la explicitación de que las cláusulas ambiguas o contradictorias de los contratos de adhesión se interpretarán a favor del consumidor, ya que ese criterio ya está recogido en el art. 1566 del Código Civil.

Por el contrario, puede que la introducción de este criterio interpretativo en la ley y en los contratos de adhesión se preste para amparar abusos de consumidores que actúan de mala fe aprovechándose de errores de los proveedores. Así ha sucedido cuando consumidores observan que hay un precio claramente equivocado (por lo bajo) en computadores, pasajes áereos u otros productos, y compran rápidamente varios productos y además avisan a otros amigos para que hagan lo mismo. También podría suceder si un consumidor no obedece las advertencias de no dejar a la vista en un automóvil computadores u otros artefactos valiosos y por dejarlos así le son sustraídos; o si en un contrato de adhesión, por error del proveedor, se fija una tasa de interés ínfima y el consumidor pretende que esa tasa sea aplicable.

Veremos cómo aplicará el SERNAC y los tribunales estas normas conjungándolas con el principio pro consumidor, pero sin permitir que normas de protección se presten para abusos de quienes son tutelados.